Los senadores panistas Juan Bueno Torio y Rubén Camarillo Ortega solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Procuraduría General de la República (PGR) envíen al Senado de la República un informe detallado sobre la investigación por la incautación de 25 millones de pesos en efectivo, decomisados a dos funcionarios del gobierno de Veracruz.
A través de un punto de acuerdo que se aprobó hoy por unanimidad en el Pleno de la Cámara Alta, los legisladores solicitan que se indique la licitud de la procedencia, manejo y destino del dinero incautado; se señalen, en su caso, las condiciones y términos de la devolución de los recursos al gobierno de Veracruz, y se detalle la constitución, actividades y servicios de la empresa proveedora a la que debía pagarse los 25 millones de pesos decomisados.
En la sesión de hoy, los legisladores panistas también exhortaron al Instituto Federal Electoral (IFE), para que mediante sus órganos de fiscalización redoblen los esfuerzos para supervisar, monitorear y auditar todos los recursos que ingresen y se eroguen en las campañas electorales de este año.
Además, pidieron al Congreso de Veracruz y a las unidades públicas de auditoría y fiscalización de la entidad iniciar procesos de investigación, a fin de determinar si los pagos que realiza el gobierno de esa entidad a sus proveedores se apegan a la normatividad y procedimientos administrativos vigentes.
El senador Rubén Camarillo señaló que resulta inaceptable que a estas alturas de la modernidad, el gobernador de Veracruz le quiera tomar el pelo a los mexicanos y particularmente a los veracruzanos, al señalar que “por agilidad, que por eficiencia en su gobierno dio las instrucciones para que un par de funcionarios de su administración transportaran 25 millones de pesos”.
Añadió que este hecho no es “normal”, ya que existen leyes y reglamentos que limitan los pagos en efectivo para todo tipo de bienes y servicios, como es el caso del cobro de 3 por ciento del Impuestos a Depósitos en Efectivo, ello con el fin de evitar el lavado de dinero; además de que ningún proveedor de un gobierno “nunca cobra su trabajo antes de realizarlo”.
Los senadores recordaron que el pasado 27 de enero la PGR detuvo en el Aeropuerto Internacional de Toluca a dos colaborares del gobierno de Veracruz, quienes transportaron en un avión oficial dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo sin que pudieran acreditar el origen y destino de los mismos; sin embargo, la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa ha presionado a la Procuraduría para que devuelva el dinero argumentando que sería usado para “el pago de diversos servicios de la Feria de la Candelaria, El Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín”.
Por su parte; el senador Juan Bueno Torio indicó que es preocupante que se manejen en efectivo tal cantidad de recursos públicos, y mucho más la argumentación que dio el gobierno veracruzano sobre el uso y destino que tendría el dinero, que era para el pago de un proveedor, pues actualmente existen mecanismos más seguros y rápidos para realizar transacciones financieras.
“Cuando se hacen depósitos en efectivo, se cobra el Impuesto de Depósitos en Efectivo que es de 3 por ciento, y en esta operación a la persona o empresa que fuera a depositar el dinero le costaría 750 mil pesos el pago de dicho gravamen, por lo que quién en su sano juicio podría aceptar una operación de esa magnitud”, aseveró.
Bueno Torio dijo que este tipo de operaciones lleva a pensar a que el gobierno de un estado está destinando recursos públicos para un fin distinto al desarrollo de la entidad. “Todos sabemos que no es un delito trasportar dinero en efectivo, sin embargo la suspicacia nace cuando esos recursos se mueven de un gobierno estatal hacia una empresa en un viernes en la noche, cuando hay medios electrónicos para realizar transacciones financieras, por lo que lo preocupante es saber cuál era el destino de ese dinero”.
El punto de acuerdo, que se presentó de urgente y obvia resolución, fue suscrito también por los senadores Arturo Hervitz, del PRD; así como por Ricardo Fidel Pacheco y Alejandro Moreno, del PRI.
